La UCR quiere que se auditen sus gestiones
conforme lo normado por la ley

La Unión Cívica Radical ha gobernado nuestra ciudad desde el regreso de la democracia en el año 1983 hasta el pasado 2007, durante estos 24 años la transparencia en el manejo de las cuentas públicas y el respeto a las instituciones han sido incuestionables, quizás por eso es que el nuevo gobierno municipal está intentando, por todos los medios, atacar, sin causa alguna que lo justifique, dos de los ejes que caracterizaron estas administraciones.

Nuestro Bloque de Concejales, integrado por los ediles Cristian Cammisi, Pablo Comesatti y Andrés Javier Grenón, quiere y considera trascendente que se auditen las mencionadas gestiones, ello dado que la transparencia en la administración de los fondos públicos trasciende a quienes circunstancialmente los administran y es una de las bases esenciales de la ética republicana, principio inclaudicable para nuestro partido y uno de los fundamentos de su existencia. Por este motivo el día 17 de diciembre del año pasado, los nombrados presentaron un proyecto de Minuta de Comunicación en cuyo art. 1 se solicita formalmente a DEM “...la realización de una “Auditoría Jurídica, Contable, Financiera y Patrimonial” de la Municipalidad de la Ciudad de Esperanza...”, peticionando a continuación que la misma sea realizada conforme a derecho y, preferentemente, llevada adelante por una Universidad Pública, en virtud del incuestionable prestigio el que gozan.
Desgraciadamente la actual administración hizo oídos sordos a lo solicitado y no sólo no se vinculó para llevar adelante la labor peticionada con una Universidad Pública, sino que lo hizo con una institución privada -la Universidad Católica de Santa Fe- mediante una contratación violatoria de las normas contenidas en la Ley Orgánica de Municipios y Comunas, así como de la Ordenanza de Contrataciones local.
Disponiendo, de esta manera, irregularmente de los fondos municipales que en modo alguno son “propiedad” de quien los administra, sino que son de todos los ciudadanos que delegan su gestión en el marco de la ley.
Ante esta ilegalidad no quedó otra alternativa a nuestros representantes que acudir a la justicia para que esta determine la ilegalidad de la citada contratación. En virtud de esta presentación es que recientemente el Juzgado interviniente determinó la nulidad absoluta e insanable del contrato viciado y de todas sus consecuencias –incluyendo los pagos irregulares que se realizaron a la UCSF- debiendo responder patrimonialmente por este proceder aquellos que se determinen como responsables de la gravísima irregularidad.
Desde el oficialismo se ha dicho, falseando burdamente la verdad, que nuestros representantes quieren evitar que se auditen las cuentas públicas, cuando, tal como se ha expresado, son los primeros interesados en que ello se realice a fin de dejar definitivamente en claro que las transformadoras gestiones radicales han dejado una ciudad pujante y progresista, manteniendo ante todo el respeto a los principios republicanos esenciales para todo radical que se digne de tal.
Es por lo expuesto que repetimos: queremos que se auditen las cuentas públicas, conforme a la ley y respetando el estado de derecho, lo que no ha hecho este gobierno que actualmente padecen nuestros ciudadanos, dado que, evidentemente, muchos de sus integrantes no tienen ni la capacidad, ni la formación, ni tan siquiera la honradez de cumplir con la ley sirviendo a su pueblo en lugar de servirse de él.